Abogados y activistas denuncian ante la Fiscalía ‘detenciones arbitrarias’ y abusos de l a Policía y la Seguridad

REPRESIÓN

DDC

|

La Habana

| 28-09-2012 – 6:09 pm

Piden que se imponga a los responsables ‘correcciones disciplinarias por los perjuicios que han ocasionado’.

Varios abogados y el director de un proyecto independiente presentaron este viernes por la mañana a la Fiscalía General de la República una denuncia fundamentada legalmente que recoge «numerosas detenciones arbitrarias», algunas incluso «violentas», ocurridas en la Isla entre 24 de julio y el 24 de septiembre.

Los arrestos, realizados por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), buscaban impedir a ciudadanos «ejercer su legítimo derecho a asociarse, reunirse, manifestarse y expresarse libremente», dicen en el texto los abogados Laritza Diversent Cámbara, Yaremis Flores Marín, Bárbara Estrabao Bichili y Veizant Boloy González; el presidente de la Asociación Jurídica Cubana, Wilfredo Vallín Almeida, y el director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio González-Rodiles Fernández.

Los autores detallan violaciones a la Constitución y las leyes cubanas cometidas por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, y piden a la Fiscalía que se pronuncie sobre los hechos e imponga a los responsables «correcciones disciplinarias por los perjuicios que han ocasionado».

Los denunciantes dicen ampararse en el Artículo 63 de la Constitución de la República, según el cual «todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley», y en el Artículo 26, que reconoce que «toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tiene derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o indemnización».

El documento, enumera varias detenciones. Entre ellas, las sufridas «con violencia» por Rodiles, el disidente Guillermo Fariñas Hernández, la integrante de Estado de Sats Ailer González Mena y el periodista independiente Julio Antonio Aleaga Pesant el 24 de julio, cuando intentaron acompañar el cortejo fúnebre del líder opositor Oswaldo Payá.

Asimismo, el arresto de varios miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) el 23 de agosto, en fuertes operativos policiales realizados principalmente en Santiago de Cuba.

En esa provincia, fue apresado en su casa, a las 6:00 de la mañana, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, junto a otros miembros de su organización, como Arsenio Rafael Molina Leyva, Franklin Peregrín del Toro, Samuel Leblanc, Guillermo Cobas Reyes y Anyer Antonio Blanco.

«En la vivienda de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo Ramírez, el registro comenzó a las 6 de la mañana mientras dormían. Se personaron 15 hombres vestidos de policía, 10 mujeres también uniformadas y una persona vestida de civil, presentaron un documento pero no dejaron que nadie lo leyera y entraron por la fuerza», indican los autores de la denuncia.

«Una oficial de Menores golpeó a la menor Martha Beatriz Ferrer Cantillo, de 14 años, hija de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo Ramírez, que refiere que ya es la segunda ocasión que la maltrata físicamente la agente actuante. Le quería hacer un cacheo corporal porque la menor tenía un teléfono escondido, para quitárselo se le abalanzaron 10 mujeres uniformadas, la golpearon hasta casi dejarla sin aire mientras pedía auxilio», añaden.

El texto entregado a la Fiscalía recoge también la detención «violenta y arbitraria», el 1 de septiembre, del escritor y bloguero Orlando Luis Parto Lazo, junto a su novia Silvia Corbelle Batista, «sin explicar el motivo (…) ni lugar» al que serían enviados.

Por otra parte, el arresto, el 16 de septiembre, del periodista Calixto Ramón Martínez Arias de la agencia independiente Hablemos Press, «mientras investigaba sobre varias toneladas de medicamentos y equipos médicos que se echaron a perder en el Aeropuerto Internacional José Martí, para realizar un reportaje».

Martínez Arias, quien a finales de junio destapó la existencia de una epidemia de cólera en Granma y ha publicado múltiples reportes sobre la propagación del dengue, aún permanece detenido y las autoridades le acusan de «desacato» a Fidel Castro.

El documento resalta que, en el momento del arresto, la policía estuvo «más de una hora chequeando (…) su carnet de identidad» en el que consta una dirección de Camagüey.

«El Decreto No. 217 ‘De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana’, unido a más de 17 disposiciones complementarias, restringe la libertad de circulación a cubanos residentes en otras provincias y les exige solicitar permiso para residir en la capital, a autoridades administrativas, que deciden discrecionalmente. Su aplicación viola el derecho de igualdad, no discriminación, trabajo y educación», critican los autores del texto.

«La aplicación de las restricciones a la libertad de circulación prevista en el Decreto No. 217, entra en conflicto con la libertad personal protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», advierten.

Señalan, por otra parte, que el abogado Veizant Boloy González y el director de Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, fueron detenidos en una estación policial Santiago de las Vegas, La Habana, al preguntar por la situación de Martínez Arias.

Según la denuncia, la Policía dijo que el arresto de Boloy y Guerra fue ordenado por la Dirección General de Contrainteligencia de la Seguridad del Estado (conocida por la CI), que «no es un órgano facultado por la Ley de Procedimiento Penal para detener a ninguna persona».

Además, cambió varias veces el supuesto motivo de la detención, no permitió a los activistas realizar una llamada, aunque la solicitaron, y luego negó que la hubieran pedido.

«Aunque los detenidos no pidan llamar a sus familiares, la Policía está en la obligación de facilitar la comunicación entre el detenido con sus familiares, acorde a la Ley de Procedimiento Penal», dicen los denunciantes.

Detallan gestiones de las abogadas Laritza Diversent y Yaremis Flores ante la Policía y la Seguridad del Estado para conocer el paradero de Boloy y Guerera, y las respuestas evasivas o destinadas a desinformar de las autoridades.

De acuerdo con el texto, Boloy fue interrogado durante hora y media por agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo amenazaron con encarcelarle «por cualquier delito» si volvía a presentarse en una estación policial interesándose por algún detenido, o aplicarle la Ley No. 88, conocida como Ley Mordaza, uno de los principales instrumento utilizados para enviar a prisión a 75 disidentes en la primavera de 2003.

Estos y otros casos recogidos en la denuncia constituyen «una violación» de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dicen los autores del documento.

La Constitución vigente establece en su Artículo 58 que «la libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal», recuerdan, y añaden que «igual garantía» establece la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, según la cual «nadie puede ser detenido sino en los casos y con las formalidades que las leyes prescriben».

La denuncia incluye los nombres de muchos de los oficiales de la Policía y la Seguridad del Estado que habrían cometido violaciones.

Según informó a DIARIO DE CUBA el director de Estado de Sats, el documento fue recibido por la Fiscalía.

Denuncia a la Fiscalía General de la República.pdf